Declaración de Mohamed Sidati, Ministro delegado, Representante del Frente Polisario para la Unión Europea tras la adopción por el Parlamento Europeo del informe sobre la situación de Derechos Humanos en el Sahel y el Sahara occidental en Estrasburgo el 22 de octubre de 2013

El Parlamento Europeo acaba de adoptar este 22 de octubre el informe presentado por el Sr. Charles Tannock en relación a la situación de los Derechos Humanos en el Sahel y el Sahara Occidental en particular. Se trata de un amplio informe que refuerza la causa del pueblo saharaui y desarrolla más concretamente la situación de los derechos humanos en nuestro país.

Al presentar su informe el señor Tannock ha subrayado que la autodeterminación, así como los Derechos Humanos, están en el centro del debate para encontrar una solución pacífica al conflicto del Sahara occidental. El comisario Neven Mimica, hablando en nombre de la señora Ashton, reiteró el apoyo de la Unión Europea a los esfuerzos de la ONU para alcanzar una solución pacifica y política a este problema basada en la autodeterminacionde,y afirmó que la Comisión tendrá en cuenta el contenido del informe presentado por Tannock sobre el Sahara Occidental.

De hecho, este informe se refiere a las múltiples violaciones de Derechos Humanos perpetradas por Marruecos que el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura así como numerosas ONG’s han constatado: secuestros, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzosas de ciudadanos saharauis y, especialmente, de defensores de la independencia del Sahara Occidental, sin olvidar las restricciones en las libertades de movimiento, asociación y expresión. El informe solicita a las autoridades marroquís la liberación inmediata de todos los prisioneros políticos saharauis.

El informe lamenta, igualmente, que la ONU no haya podido aún establecer un mecanismo fiable e independiente de monitoreo de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental y reafirma el derecho a la autodeterminación como un derecho fundamental del pueblo saharaui.

Asimismo, deplora profundamente la expulsión por Marruecos de los eurodiputados que viajaron al Sahara Occidental en marzo del 2013, y solicita expresamente a las autoridades marroquíes que permitan el libre acceso al territorio de los parlamentarios, periodistas y observadores independientes que quieran informarse de la situación en el terreno.

En cuanto a la cuestión de las minas que amenazan la seguridad física de la población, el informe alaba la firma por el Frente Polisario del llamamiento de Ginebra y le preocupa que Marruecos no haya firmado todavía los acuerdos internacionales en la materia.

El informe pide a la Unión Europea y a diferentes instancias internacionales que apoyen activamente los esfuerzos de Naciones Unidas para lograr una solución pacífica del conflicto del Sahara Occidental y hace un llamamiento para que contribuyan en mayor medida a la mejora de las condiciones de vida de los refugiados saharauis. No falta en el informe el reconocimiento a los esfuerzos del Frente Polisario para apoyar la educación y la salud de la población civil, rindiendo un homenaje especial al dinamismo y el compromiso de las mujeres saharauis.

En el informe, el Parlamento Europeo apoya la creación de una misión oficial conjunta MINURSO/CICR (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental/Comité Internacional de la Cruz Roja) para la exhumación y la restitución a sus familias de las victimas saharauis descubiertas en la fosa común de Fadret Laguiaa.

El Frente Polisario celebra que el Parlamento Europeo no haya seguido a Marruecos en su intento de eliminar la cuestión saharaui del informe. Acoge con satisfacción este éxito diplomático que supone el aislamiento de la tesis marroquí de ocupación de nuestro territorio así como de represión de la población.
Marruecos es, de esta manera, situado en el punto de mira de las críticas del Parlamento Europeo, en el momento en que la Unión Europea prepara un nuevo acuerdo de pesca ilegal con este país; Este informe cuestiona la colaboración euro-marroquí e interpela a Europa.
Mientras que las autoridades de ocupación marroquíes intensifican su deriva represiva (intervenciones brutales contra manifestantes pacíficos en El Aïoun y Smara el 19 de octubre durante la visita de Christopher Ross, Enviado Personal del Secretario General de las Naciones Unidas para el Sahara Occidental) el Parlamento resuelve la cuestión de los Derechos Humanos, a favor del respeto de los derechos de los saharauis. El Frente Polisario se alegra profundamente del avance de la causa de su pueblo en el seno de los organismos europeos.

INFORME TANNOCK Sobre la situación de los derechos humanos en la región del Sahel

Comisión de Asuntos Exteriores
Ponente: Charles Tannock

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento Europeo,

–   Vistos los principales convenios y tratados relativos a los derechos humanos de las Naciones Unidas y de África, incluida la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos,

–   Vista la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y su protocolo facultativo,

–   Visto el Protocolo sobre los derechos de la mujer en África anejo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos,

–   Visto el Estatuto de Roma, aprobado el 17 de julio de 1998, que entró en vigor el 1 de julio de 2002,

–   Visto el Acuerdo de Cotonú, firmado el 23 de junio de 2000 y revisado el 22 de junio de 2010,

–   Vistas las Conclusiones del Consejo de 25 de junio de 2012 relativas al Marco Estratégico de la UE sobre derechos humanos y democracia y el Plan de Acción de la UE para los derechos humanos y la democracia, así como las Decisiones del Consejo de 25 de julio de 2012, por la que se nombra al Representante Especial de la Unión Europea (REUE) para los Derechos Humanos(1), y de 18 de marzo 2013 por la que se nombra al Representante Especial para el Sahel(2) y, en particular, los artículos relativos a los derechos humanos en su mandato,

–   Vistas las conclusiones del Consejo sobre el Sahel, en particular sobre Mali, incluidas en las Conclusiones de 21 de marzo de 2011 sobre la Estrategia de la UE para la Seguridad y el Desarrollo en el Sahel, así como conclusiones más recientes, como las de 17 y 31 de enero, 18 de febrero, 22 de abril, 27 de mayo y 24 de junio de 2013,

–   Vistas la Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado de las Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad 1325 (2000) y 1820 (2008) sobre Mujeres, Paz y Seguridad,

–   Vistas las conclusiones del Consejo de 14 de junio de 2011 sobre los indicadores de la UE para un enfoque global de la aplicación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU 1325 (2000) y 1820 (2008) sobre Mujeres, Paz y Seguridad,

–   Vistas las Directrices de la UE sobre derechos humanos,

–   Vistas las Directrices de la UE sobre la violencia contra las mujeres y la lucha contra todas las formas de discriminación contra ellas,

–   Vistas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los informes del Secretario General de dicha organización y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en la región del Sahel y, en particular, en Mali,

–    Visto el informe del Secretario General de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad sobre la situación en la región del Sahel, de 14 de junio de 2013, y la estrategia integrada para el Sahel adjunta a dicho informe,

–   Visto el Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo mundial 2013,

–   Vistos los planes de ejecución humanitaria de la Comisión para el Sahel,

–   Vistas las conclusiones de los copresidentes de la Conferencia Internacional de Donantes «Juntos por la renovación de Mali», celebrada en Bruselas el 15 de mayo de 2013,

–   Vista la Conferencia de alto nivel sobre el liderazgo de la mujer en el Sahel, celebrada el 9 de abril de 2013 en Bruselas por iniciativa de la Unión Europea, del Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para el Sahel y de ONU Mujeres,

–   Visto el Plan de Acción 2010-2015 de la UE en materia de igualdad de género y capacitación de las mujeres en la cooperación para el desarrollo,

–   Visto el informe del Secretario General de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación en el Sáhara Occidental, de 8 de abril de 2013, en particular su referencia a la relación existente entre el Sáhara Occidental y la situación en el Sahel, y vista la Estrategia para la Seguridad y el Desarrollo en el Sahel elaborada por el Servicio Europeo de Acción Exterior, en particular su afirmación de que los problemas en el Sahel son de naturaleza transfronteriza y están estrechamente relacionados y que sólo un enfoque regional y una estrategia global que incluya también a los Estados vecinos del Magreb puede permitir avances en la región,

–   Visto el Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de 28 de febrero de 2013, relativo a su misión a Marruecos, incluido el Sáhara Occidental,

–   Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la situación en el Sáhara Occidental(3),

–   Vista su Resolución, de 13 de diciembre de 2012, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2011) y la política de la Unión Europea al respecto (2012/2145(INI))(4),

–   Vista su Resolución, de 7 de febrero de 2013, sobre el 22º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas(5),

–    Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2012, relativa a la posición del Parlamento sobre el 19º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas(6),

–   Visto el Informe anual al Parlamento Europeo de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre la Política Exterior y de Seguridad Común, refrendado por el Consejo el 4 de octubre de 2012,

–   Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–   Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y las opiniones de la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0325/2013),

A. Considerando que el Sahel es una de las regiones más pobres del mundo, que afronta graves problemas en materia de derechos humanos, Estado de Derecho, seguridad y conflictos armados, así como de desarrollo económico y social; considerando que la extrema pobreza en la región está reflejada en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas para el año 2012, que sitúa a Níger, Chad, Burkina Faso y Mali entre los seis países menos desarrollados del mundo (puestos 186, 184, 183 y 182 respectivamente);

B.  Considerando que una de las características determinantes de la región, generada principalmente por la inestabilidad política, la pobreza y la inseguridad de las fronteras, es el efecto de propagación, lo que desencadena retos comunes para los derechos humanos en toda la región del Sahel; considerando que esta característica define la necesidad de un enfoque integral y bien coordinado para toda la región ecogeográfica del Sahel;

C. Considerando que la instauración de la democracia, la paz y la buena gobernanza representa un reto fundamental para los países del Sahel; considerando que estos deben comprometerse con la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la erradicación de las discriminaciones contra las mujeres y las minorías y el fomento de la educación y la reconciliación étnica;

D. Considerando que la presente Resolución engloba a los países incluidos en la Estrategia de la UE para la región del Sahel, en particular Mauritania, Mali, Níger, así como las regiones afectadas de Burkina Faso y Chad; considerando que una definición geográfica y ecológica más amplia del Sahel es de capital importancia en lo que respecta a los retos comunes a los que se enfrenta la región en materia de derechos humanos, como consecuencia de los conflictos y los diversos fallos respecto a los derechos humanos, incluida la fragilidad estatal, y que este informe abordará, asimismo, la situación de los derechos humanos en el territorio no autónomo del Sáhara Occidental y en los campamentos de Tinduf;

E.  Considerando que, según datos de las Naciones Unidas, la tasa de mortalidad materna en Mali, estimada en 1 100 fallecimientos por cada 100 000 nacidos vivos, es la más elevada del mundo; que en el Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Humano 2013 se pone de relieve que en Níger y Mali se registran tasas particularmente elevadas de mortalidad infantil entre los menores de cinco años, que superan los 200 fallecimientos por cada 1 000 nacidos vivos en aquellos casos en los que las madres carecen de todo tipo de educación; que el Banco Mundial calcula que las tasas de escolarización en la escuela primaria en Níger y Mali se encuentran entre las más bajas del mundo y se sitúan, respectivamente, en el 62 y el 63 %; que, según los cálculos de las Naciones Unidas, unos 18 millones de personas resultaron afectadas por la grave crisis alimentaria y nutricional de 2012 en el Sahel y el África Occidental; que la Comisión estima que, en 2013, 10,3 millones de personas en la región siguen enfrentándose a la inseguridad alimentaria, de los cuales 4,2 millones son malienses, con 1,4 millones de niños menores de cinco años en riesgo de desnutrición aguda severa y otros 3,1 millones en riesgo de desnutrición aguda moderada; que la Comisión ha sido fundamental para la puesta en marcha de la Alianza Mundial para la Iniciativa de Resiliencia en el Sahel (AGIR-Sahel) y que ha comprometido 517 millones de euros en ayuda humanitaria y al desarrollo para el período 2012-2013;

F.  Considerando que buena parte de la población de esos países no tiene acceso a asistencia médica y padece numerosas enfermedades endémicas como el cólera, la meningitis, el sarampión y el VIH-SIDA; considerando el alto número de fallecimientos debidos al VIH-SIDA, con 11 000 muertos al año en Chad, 7 100 en Burkina Faso, 4 400 en Mali y 4 300 en Níger;

G. Considerando que los países del Sahel poseen abundantes recursos naturales, en particular petróleo, oro y uranio, pero que los ingresos obtenidos de esas explotaciones no se reintroducen en la economía local de manera suficiente para hacer posible el desarrollo de dichos países;

H  Considerando que las guerras civiles y los conflictos étnicos provocan desplazamientos de poblaciones y la instalación de campos de refugiados, como los de Mentao en Burkina Faso, Mangaize en Níger, M’Bera en Mauritania o Breijing en Chad; considerando que las condiciones de vida e higiene en dichos campos son deplorables;

I.   Considerando que en los últimos 20 años se han celebrado elecciones en forma regular en Mali; considerando que, antes del golpe de estado, el país se consideraba un éxito relativo para la democracia en África;

J.   Considerando que la crisis de Mali tiene múltiples facetas, es compleja y no puede reducirse a un conflicto étnico; considerando, no obstante, que grupos yihadistas armados se valieron del resentimiento existente entre los tuaregs y de las aspiraciones a la independencia o a una mayor autonomía para el norte de Mali cuando a inicios del año 2012 se unieron a la rebelión instigada por el Movimiento Nacional de Liberación de Azawad (MNLA), de carácter laico, al que posteriormente sustituyeron; considerando que estos grupos, en particular Ansar Dine, Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI) y el Movimiento por la Unicidad y la Yihad en África Occidental (MUJAO), se beneficiaron, además, de la inestabilidad derivada del golpe de Estado que se registró posteriormente en Bamako, así como de la amplia inestabilidad regional, y recibieron impulso gracias a los arsenales no controlados de Libia; que las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en el norte, junto a las amenazas existentes en aquel entonces con respecto a la existencia del propio Estado de Mali, precipitaron la intervención armada de las fuerzas francesas, africanas y de las Naciones Unidas para poner fin a los abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos por los grupos terroristas, restablecer la democracia, el Estado de Derecho y la autoridad del Estado de Mali y garantizar el respeto de los derechos humanos; que el 18 de junio el Gobierno de Mali y las fuerzas rebeldes firmaron un acuerdo de paz preliminar; que la situación en Mali requiere una respuesta que vaya más allá de abordar las amenazas de seguridad, incluidos el compromiso a largo plazo y una acción decisiva por parte de la comunidad internacional para hacer frente a los problemas políticos, de desarrollo y humanitarios profundamente arraigados;

K. Considerando que la presencia de grupos terroristas en el Sahel genera una gran inestabilidad en materia de seguridad en la región, debido a las tomas de rehenes y los atentados; considerando que el Sahel es una zona de tránsito para el tráfico de drogas para las bandas criminales de América Latina; que los narcotraficantes suelen estar vinculados a grupos terroristas que les proporcionan seguridad mientras están en tránsito; que la presencia de traficantes constituye una fuente de inestabilidad tanto para el Sahel como para la Unión Europea, que es con frecuencia el destino final de ese tráfico;

L.  Considerando que los gobiernos de la región del Sahel deben implicar a las poblaciones en cuestión para encontrar una solución duradera a la crisis; que, en particular, la participación de las mujeres en la resolución de la crisis del Sahel constituye un requisito necesario para lograr la estabilidad a largo plazo; que la lucha contra la impunidad, incluida la violencia de género durante los conflictos, es fundamental para la estabilidad de la región y para lograr una paz duradera;

M. Considerando que la UE ha prestado gran atención a la región del Sahel, como lo demuestra la aprobación de la Estrategia de la UE para la seguridad y el desarrollo en la región del Sahel en 2011, el lanzamiento de la Misión de Desarrollo de Capacidades (EUCAP Sahel Níger) en el marco de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PCSD) en julio de 2012, la misión EUTM Mali y el nombramiento de un Representante Especial de la UE para el Sahel; considerando que el mandato del nuevo REUE, adoptado el 18 de marzo de 2013, tiene un componente importante relacionado con los derechos humanos;

N. Considerando que unos problemas complejos e interdependientes exigen un planteamiento exhaustivo y coordinado que haga uso de toda la gama de instrumentos y políticas de la UE, estableciendo un vínculo entre los objetivos de la UE en materia de gestión de crisis, el sector de la seguridad, la cooperación al desarrollo y la sostenibilidad ecológica y los esfuerzos de la UE en los ámbitos de los derechos humanos, el apoyo a la democracia y el Estado de Derecho; que una estrategia exhaustiva para la región debe incluir una coordinación eficaz a través de la AR/VP entre los comisarios correspondientes, como el Comisario responsable del desarrollo y la ayuda humanitaria, así como con el SEAE, los REUE, incluidos los representantes especiales para los Derechos Humanos y el Sahel, el Coordinador de la UE para la lucha contra el terrorismo y los Estados miembros; que una solución eficaz a la crisis actual debe incluir políticas económicas y sociales encaminadas a mejorar el nivel de vida de la población;

O. Considerando que las políticas de la UE deben centrarse en particular en el desarrollo rural y la agricultura, con el fin de garantizar la seguridad alimentaria como una contribución al desarrollo socioeconómico sostenible en el África subsahariana; que la Comisión, en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el Fondo Internacional de Socorro a la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF), las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), entre otros, puso en marcha la iniciativa AGIR-Sahel, que aspira a aumentar la cooperación entre organizaciones, como parte del enfoque global de la UE para hacer frente a la crisis alimentaria en el Sahel; que los interlocutores identificaron una inversión mínima de 750 millones de euros para proporcionar una red de seguridad social para proteger a los más vulnerables, cuando la sequía vuelva a golpear en el futuro;

P.  Considerando que las violaciones de los derechos humanos y la crisis política, medioambiental, de desarrollo y humanitaria en la región del Sahel afectan en particular a las mujeres, que son a menudo objeto de discriminaciones y de una inseguridad física y humana excepcionales, de pobreza crónica y de marginación; considerando que la igualdad de género, la capacitación política y económica de la mujer, la promoción de la igualdad de género y la defensa de los derechos de la mujer son esenciales para reducir la pobreza y fomentar el desarrollo sostenible; considerando que un entorno social cada vez más restrictivo limita la movilidad y la productividad de las mujeres y, en última instancia, su capacidad para actuar como líderes y defensoras eficaces de los derechos de las mujeres; considerando que las mujeres de la región del Sahel conforman la mayor parte de los pequeños agricultores y que, aun así, son penalizadas en términos de derechos sobre la tierra; considerando, además, que esta falta de propiedad sobre la tierra contribuye a la pobreza entre las mujeres; considerando que hay estudios que demuestran que si las mujeres reciben educación y pueden ganar y controlar los ingresos, se producen numerosos resultados positivos: disminuye la mortalidad materna e infantil, mejora la salud y la nutrición de las mujeres y los niños, aumenta la productividad agrícola, se puede mitigar el cambio climático, se ralentiza el crecimiento de la población, se expanden las economías y se rompen los ciclos de pobreza(7);

Q. Considerando que en la Cumbre de Londres sobre Planificación Familiar de julio de 2012, más de un centenar de gobiernos, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales se fijaron el objetivo de invertir 4 000 millones adicionales de dólares antes de 2020 a fin de aumentar a 120 millones el número de mujeres que utilizan métodos anticonceptivos en los 69 países más pobres del mundo, que incluyen los países del Sahel; considerando que esta financiación se suma a la cifra actual de 10 000 millones de dólares;

R.  Considerando que los países del Sahel son signatarios del Acuerdo de Cotonou; considerando que la asociación con la Unión Europea se basa en disposiciones mutuamente acordadas en materia de derechos humanos y buena gobernanza e incluye la ayuda al desarrollo, la buena gobernanza, la promoción de los derechos humanos y la ayuda humanitaria;

S.  Considerando que la cooperación de la UE con la Unión Africana (UA), la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO), la Unión del Magreb Árabe, las instituciones regionales de derechos humanos y los organismos de las Naciones Unidas especializados en estos derechos sigue siendo un requisito previo para promover eficazmente la protección y el fomento de los derechos humanos en el Sahel;

T.  Considerando que el 14 de junio de 2013, el Secretario General de las Naciones Unidas propuso, en su informe al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la adopción de una estrategia integrada para el Sahel en torno a tres objetivos estratégicos, a saber, la mejora de la gobernanza global y eficaz en toda la región, la creación de mecanismos de seguridad nacionales y regionales capaces de hacer frente a las amenazas transfronterizas y la integración de los planes de desarrollo y las intervenciones humanitarias con el fin de aumentar la resiliencia a largo plazo;

U. Considerando que en el Sáhara Occidental está en vigor desde 1991 un alto el fuego entre el Gobierno de Marruecos y el Frente Polisario; que las Naciones Unidas consideran al Sáhara Occidental como un territorio no autónomo; que la República Árabe Saharaui Democrática es miembro de pleno derecho de la Unión Africana y actualmente la reconocen más de 35 Estados miembros de las Naciones Unidas, pero no las Naciones Unidas en su conjunto ni ningún Estado miembro de la UE; que Marruecos está obligado legalmente a responder del uso de las competencias administrativas de facto en lo que respecta al territorio y la población del Sáhara Occidental; que las Naciones Unidas, bajo la égida del Consejo de Seguridad, actúan como mediador para encontrar una solución al conflicto; que, según el Secretario General de las Naciones Unidas, no se ha realizado ningún avance sobre las cuestiones fundamentales relativas al futuro estatuto del territorio; y que todavía no se ha celebrado un referéndum sobre el estatuto del Sáhara Occidental, acordado inicialmente en 1988;

V. Considerando que Marruecos ha firmado y ratificado varios tratados internacionales y de derechos humanos, como la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la Convención contra la Tortura, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de los defensores de los derechos humanos;

W. Considerando que las Resoluciones 1754 (2007), 1783(2007), 1871(2009), 1920(2010), 1979(2011), 2044(2012) y 2099(2013) del Consejo de Seguridad han hecho un llamamiento a los países vecinos para que cooperen plenamente con las Naciones Unidas y entre sí a fin de reforzar su compromiso de poner fin a la actual situación de estancamiento y avanzar hacia una solución política;

X. Considerando que los campamentos de refugiados en las cercanías de Tinduf, Argelia, creados hace 37 años, siguen siendo los segundos campamentos más antiguos existentes en el mundo, y que el bloqueo político impide toda posibilidad real de disolución o el reasentamiento o la repatriación de sus habitantes en un futuro próximo;

Y. Considerando que tanto el Gobierno marroquí como el Frente Polisario han sido acusados de violar los derechos humanos; considerando que la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) no incluye una dimensión en materia de derechos humanos en su mandato y no dispone de ningún mecanismo para informar sobre supuestas violaciones de los derechos humanos; considerando que la Resolución 2099 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 25 de abril 2013, prorrogó el mandato de la MINURSO; considerando que el informe del Secretario General de 8 de abril de 2013 dedica tres páginas a la cuestión de los derechos humanos, y que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los Estados miembros de la UE en el Consejo de Seguridad no apoyaron una propuesta de los EE.UU. para conceder competencias en materia de derechos humanos a la MINURSO, lo que desencadenó manifestaciones en el Sáhara Occidental;

Consideraciones de carácter general

1.  Expresa su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en la región del Sahel, que se ha agravado por las diversas crisis en los ámbitos político, social, económico y ecológico; subraya que los desafíos profundamente enmarañados requieren una respuesta política integrada y global y una solución política en la que participen las diferentes partes en conflicto;

2.  Toma nota de que la situación de los derechos humanos en el Sahel ha adquirido mayor relevancia a nivel internacional a raíz del conflicto armado en Mali y la intervención militar francesa, africana y de las Naciones Unidas; reconoce que este conflicto ha generado problemas concretos en ese país y que ha exacerbado los problemas estructurales ya presentes en Mali y en el resto de la región, al igual que en Libia; pone de relieve, no obstante, que las preocupaciones inmediatas en torno a Mali no deben desviar la atención de los problemas crónicos y persistentes que repercuten seriamente sobre los derechos humanos en el resto de la región del Sahel, en particular, la delincuencia organizada, la esclavitud y el tráfico de seres humanos, el tráfico de armas y drogas, el extremismo y la radicalización de grupos yihadistas, la fragilidad de la gobernanza y la corrupción institucional, una pobreza sistémica y debilitadora, los niños soldado y la discriminación de la mujer;

3.  Recuerda que la porosidad de las fronteras es una característica decisiva de los países de la región; resalta que la agravación de la situación en el Sahel se relaciona intrínsecamente con la penetración masiva de armas en el norte de Mali a raíz de la guerra en Libia, mientras que los rebeldes libios han sido sistemáticamente desarmados en las fronteras de los demás países de la región; reitera su llamamiento para una reglamentación y un control rigurosos de la venta de armas, a fin de evitar que los Estados miembros participen en la multiplicación de los conflictos;

4.  Acoge con satisfacción el hecho de que los derechos humanos sean objeto de una mayor atención en la política de la UE; señala que las Naciones Unidas han elaborado una estrategia global en relación con el Sahel con una fuerte dimensión en materia de derechos humanos; recuerda que la UE y los países del Sahel, en su calidad de signatarios del Acuerdo de Cotonú, han asumido una serie de obligaciones de carácter recíproco en relación con la protección de los derechos humanos y los principios democráticos, sobre la base del Estado de Derecho y una gobernanza transparente y responsable; recuerda que los países del Sahel son parte de la mayoría de Tratados internacionales que protegen los derechos humanos, los derechos de la mujer y los derechos del niño;

5.  Destaca el importante papel que ha desempeñado la UE, en su condición de mayor donante del mundo, a la hora de afrontar los desafíos de desarrollo a los que se enfrenta la región del Sahel; hace hincapié en la importancia de implicar a otros actores internacionales en actividades como la erradicación de la pobreza y el hambre, el fomento de la igualdad de género y la reducción de los índices de mortalidad infantil, con arreglo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

Los derechos humanos en situaciones de conflicto armado

6.  Concede especial atención a la situación de los derechos humanos en Mali, desde donde han llegado informaciones sobre graves violaciones de los derechos humanos en el norte del país por parte de grupos armados tuareg y yihadistas; observa que entre los presuntos crímenes se cuentan violaciones masivas, torturas, mutilaciones y tratos crueles, incluidas amputaciones y flagelaciones públicas, lapidaciones públicas por supuestos adulterios, violencia por motivos étnicos, intentos de limpieza étnica, ejecuciones sumarias y extrajudiciales de prisioneros, la masacre de soldados malienses, detenciones y arrestos ilegales, el dictado de sentencias sin la celebración de procesos justos, matrimonios forzados y esclavitud sexual, la realización de ataques intencionados contra objetos culturales, y la destrucción y el saqueo de propiedades; manifiesta una profunda preocupación en cuanto a las nuevas tendencias en las técnicas terroristas y delictivas, como los terroristas suicidas, los secuestros y tomas de rehenes, así como el uso de niños como escudos humanos;