Septiembre saharaui: Marruecos dispersa, Perú expulsa y España calla Contramutis / hace 3 horas presos-gdeim-izik-e1507128671219.jpg Alfonso Lafarga.- “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales …” y así hasta 30 artículos componen la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que sus Estados miembros se comprometieron a respetar. En uno de los considerandos de la Declaración se señala que “el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”, conciencia que parece no existir en lo que se refiere al Sáhara Occidental, territorio donde los Derechos Humanos son violados sistemáticamente por el régimen de Marruecos, según denuncias de organizaciones como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW), el Centro Robert F. Kennedy (RFKC) o la Red Euromediterránea de Derechos Humanos (REMDH). En septiembre hemos asistido, una vez más, al atropello de los derechos de los presos políticos saharauis de Gdeim Izik, el campamento de protesta pacífica desmantelado por las fuerzas de ocupación marroquíes en noviembre de 2010: primero fueron condenados por un tribunal militar, después por el Tribunal de Apelación con confesiones obtenidas bajo tortura, como denunciaron los observadores internacionales, y ahora son castigados con su dispersión por diferentes cárceles marroquíes, la mayoría situadas a más de mil kilómetros de distancia de El Aaiún, la ciudad donde residen sus familias. Es el suma y sigue, como señaló Amnistía Internacional en su último informe anual: “Las autoridades (marroquíes) continuaron reprimiendo la disidencia pacífica en el Sáhara Occidental, dispersando protestas pacíficas y enjuiciando e imponiendo restricciones a activistas saharauis que propugnaban la autodeterminación o denunciaban violaciones de derechos humanos”, además de seguir “expulsando del Sáhara Occidental o prohibiendo la entrada en el territorio a periodistas y activistas extranjeros, así como a activistas de derechos humanos”. En septiembre también hemos visto como la República del Perú expulsaba por la fuerza a la diplomática saharaui Jadiyetu El Mohtar después de permanecer 18 días retenida en el aeropuerto de Lima, donde fue tratada “con escarnio y como si fuera una delincuente” en palabras del periodista peruano Juan Peña F., para el que ha supuesto “una mancha para el Perú en el respeto a los derechos humanos”. A las múltiples críticas al Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que cedió a las presiones de parlamentarios fujimoristas ligados a Marruecos, se sumó Amnistía Internacional recordando al Estado peruano que “debe respetar el derecho a la libertad de expresión de todas las personas independientemente de su estatus migratorio” e instando a su gobierno, que aspira a integrar el Consejo de Derechos Humanos de las NNUU, a que permita que “representantes del pueblo saharaui puedan dar a conocer en Perú la grave situación de los derechos humanos” en el Sáhara Occidental. Continúa la represión en los territorios ocupados del Sahara Occidental, donde la Misión de Naciones Unidas para el referéndum (MINURSO) no tiene entre sus cometidos la vigilancia de los DDHH gracias al permanente veto de Francia, precisamente el país en cuya capital, París, se proclamó el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y el Gobierno de España, el país que entregó el Sáhara Occidental a Marruecos incumpliendo su obligación de descolonizar, sigue con su política de silencio. “El que calla, otorga”, dice el refranero español. La siguiente es una relación aproximada de hechos relacionados con los DDHH ocurridos en septiembre de 2016 en los territorios del Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí, en ciudades del sur de Marruecos con amplia población saharaui y en cárceles marroquíes con presos políticos saharauis, según datos de organizaciones civiles y medios de información saharauis, tanto oficiales como independientes