Los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental carecen enteramente de cualquier mecanismo para garantizar la situación económica, los derechos sociales y políticos de los ciudadanos en esta región. El gobierno marroquí impone su autoridad y dominio en un territorio sobre el que no tiene soberanía, impidiendo la decisión de la libre auto-determinación de un pueblo mediante prácticas de terrorismo de estado.
Como resultado, los ciudadanos saharauis en las zonas ocupadas, en particular las mujeres, siguen viviendo en condiciones políticas, sociales y económicas duras, agravadas por la falta de seguridad y estabilidad, el acoso y la brutalidad de las tropas invasoras marroquíes donde se suceden los arrestos y secuestros forzosos y el abuso sexual con la implicaciones psicológicas que conllevan a nivel individual y colectivo